Más de 100 inmigrantes sospechosos de encontrarse en Estados Unidos sin autorización legal fueron detenidos en la madrugada del domingo durante una redada en un club nocturno ilegal en Colorado, según informaron las autoridades federales.
La operación fue ejecutada por más de 300 oficiales de múltiples agencias, liderados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Agencia Antidrogas (DEA), tras una investigación que se extendió por varios meses debido a presuntas actividades ilícitas dentro del establecimiento, incluyendo tráfico de drogas, prostitución y crímenes violentos.
Videos publicados por la DEA muestran a los agentes ordenando a los asistentes salir del lugar con las manos en alto, mientras decenas de personas intentaban escapar tras la irrupción de los agentes. Posteriormente, decenas de individuos fueron vistos esposados en la acera, esperando ser transportados.
El agente especial Jonathan Pullen, jefe de la División de las Montañas Rocosas de la DEA, afirmó en rueda de prensa: “Colorado Springs se despierta hoy con una comunidad más segura”. Añadió que, al momento de la redada, muchos asistentes arrojaron drogas al suelo, incluyendo cocaína, y que se incautaron armas no especificadas. Estimó que en el local había más de 200 personas.
Entre los detenidos se encontraban al menos una docena de miembros en servicio activo del ejército estadounidense, quienes se encontraban en calidad de clientes o trabajaban como seguridad armada en el club. Además, algunos asistentes fueron arrestados por órdenes de captura pendientes.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, comentó en X: “A medida que nos acercamos a sus 100 días en el cargo, la directiva de @POTUS Trump de hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente está dando resultados”.
Pullen no detalló los países de origen de los inmigrantes arrestados.
Cabe destacar que, a principios de este mes, un juez federal en Colorado bloqueó temporalmente las deportaciones de ciertos inmigrantes tras la activación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII invocada por la administración Trump en su segunda gestión presidencial para endurecer las políticas migratorias.
La redada se enmarca dentro de una campaña más amplia del gobierno de Trump para intensificar las deportaciones y reforzar la seguridad interna del país.
